IKD: La justicia debe actuar contra ataques, sin crear preocupación e incertidumbre en los ciudadanos

El Instituto de Justicia de Kosovo expresa su preocupación por los acontecimientos recientes y el compromiso de las Unidades Especiales de la Policía de Kosovo en Skenderaj, en circunstancias que han creado percepciones de interferencia política e instrumentación policial para los intereses partidos o políticos, causando preocupación entre los ciudadanos de Skenderaj y el público en Kosovo.
La policía de Kosovo sigue siendo una de las instituciones más fiables de la República de Kosovo. Esta confianza y el apoyo a la Policía de Kosovo no deben ser mal utilizados y explotados por intereses políticos y de partido.
El IKD señala claramente que condena cualquier forma de violencia física, cualquiera que sea el que se cometa, cualquiera que esté dirigido. Las personas sospechosas de atacar en cuestión deben ser tratadas por órganos competentes y deben rendir cuentas de conformidad con la ley. En esos casos, la justicia debe ser eficaz, eficaz e imparcial, mediante procedimientos regulares de policía e investigación, como lo hace en circunstancias normales para casos similares, y no mediante imágenes de movilización de unidades especiales que creen preocupación entre los ciudadanos, desfiguran la situación sobre el terreno y dan la impresión de utilizar la fuerza policial para la gestión política de un incidente determinado.
La independencia profesional y operacional de la Policía de Kosovo constituye uno de los pilares principales del estado democrático y el estado de derecho. Las estructuras policiales no pueden ni deben utilizarse en ninguna circunstancia para demostrar la fuerza política, la presión institucional o la gestión política de un solo caso. Este enfoque socava gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y viola los principios fundamentales del funcionamiento democrático del Estado.
En un estado democrático, la policía de Kosovo debe actuar exclusivamente sobre la base de la ley, las evaluaciones de la seguridad profesional y la cadena de mando operacional independiente, no sobre los cálculos de las políticas diarias. La decisión de contratar unidades especiales debe ser proporcional, racional y basada en la evaluación real del orden y la seguridad pública.
The IKD considers that public argument for routine control of vehicles is hard to harmonise with public perception created by mobilization special forces in a situation of political tension and following reports of involvement of senior political officials in the physical incident. En tales situaciones, las instituciones de seguridad deben tener el máximo cuidado de mantener la imparcialidad institucional y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como presión sobre los ciudadanos o apoyo indirecto de los intereses del poder.
Mantener la independencia operacional de la Policía de Kosovo es esencial para el funcionamiento democrático del Estado y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sin distinción política. Cualquier desviación de esta norma corre el riesgo de convertir las instituciones de seguridad de las instituciones estatales en instrumentos de poder político, lo que es inaceptable para una democracia funcional. Tales acciones corren el riesgo de reducir la confianza pública en la Policía de Kosovo, que ha invertido considerable en esta parte.
Las responsabilidades y la rendición de cuentas son la base del estado de derecho en una sociedad democrática, por lo que esperamos que el Director de la Policía de Kosovo ofrezca aclaraciones públicas sobre qué evaluación o orden se ha movilizado ayer a la policía de Kosovo en Skenderaj, que ha sido el papel y el propósito de enviar fuerzas especiales en las horas tardías, y cuáles son las medidas que deben adoptarse para que esos casos no se repitan.
Al final, el IKD considera una información institucional inquietante que el Sr. Lushtaku se negó a ser entrevistado. En esta materia, la ley ha previsto mecanismos adecuados de cooperación, y esta cuestión no debe depender de su voluntad, sino de la fuerza de la ley, que debe operar los órganos jurídicos.
A pesar de ello, la Comunidad de los Estrechos ha negado que el Sr. Lushtaku haya recibido una invitación. La cuestión, tanto en el procedimiento como en la comunicación pública, debe ser aclarada por las instituciones competentes.Periscope/












